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08-04-2016
Vieja y nueva seguridad

Vieja y nueva seguridad

Por Daniel García

Una seguridad ciudadana real,de verdad, para este tiempo, esto es lo que más preocupa a la sociedad uruguaya en su conjunto.

Por encima de la situación económica, el diálogo social, los aumentos de salarios, enseñanza o incluso hasta la salud, hoy los uruguayos viven sumidos en el miedo y piden, casi a gritos, que alguien les proteja de la impunidad de la delincuencia. Que a esta altura tiene vía libre para cometer todo tipo de delitos, los peores, la muerte de ciudadanos comunes por el simple hecho de caminar por una calle, estar al frente de un comercio o conducir un vehículo del transporte público o el suyo propio. Es decir, todos somos potenciales víctimas de este flagelo social que golpea como el pan de cada día.

La repetición casi enfermiza de este tema en los medios de comunicación y en otros ámbitos diversos, nos lleva a caer en lugares comunes respecto a soluciones mágicas de las que se habla con poco asidero. Desde remover al actual ministro Bonomi, incrementar la presencia policial en las calles o crear una Guardia Nacional conformada por integrantes de las Fuerzas Armadas. Las opciones que se declaran abundan pero, creemos, faltan siempre algunas preguntas fundamentales.

¿Podemos quedarnos en el repetitivo concepto que “la policía atrapa a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra en los juzgados”? Es que directa o indirectamente, estamos atacando a nuestro sistema judicial que, realmente, tiene hoy pocos elementos y el respaldo como para cumplir a cabalidad su función. ¿Existe una verdadera decisión en cuanto a financiar una justicia independiente, ágil y de avanzada en el Uruguay?

¿Cuenta el país con un plan estratégico a nivel político que, con legitimidad moral, trabaje en la eliminación del concepto de delincuencia como profesión, bloqueando los caminos para que lo anterior suceda?

¿Se ha avanzado en la sociedad uruguaya y en el consenso de su sistema político, para tomar decisiones costosas, rigurosas, medidas de Estado, que sin duda redundarán en beneficio de la gente honesta, de quien sale cada día a trabajar y teme no poder regresar a su casa?

Dentro de ese marco de medidas, es vital a nuestro entender, prohibir la circulación de dos pasajeros por moto, como una forma de pegarle duro a la logística de los delincuentes ahora tristemente conocidos como “moto-chorros”. Esta podría ser solo una de las posibles medidas a instrumentarse, la que no se dude, brindaría sus frutos a muy corto plazo. Sirve el ejemplo para reflexionar respecto a beneficios y perjuicios que puede representar una medida de ese carácter, en sectores populares para los que la moto es una herramienta familiar casi esencial.

Si bien en su campaña política, el actual Presidente de la República se comprometió a abatir los índices de delincuencia en el país, a la vista de los resultados el gobierno ha tenido un rotundo fracaso en la resolución de esta “promesa de campaña” que sin duda es un área clave a resolver para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.

En alguna medida, también es del caso preguntarse si para una delincuencia que acude a todas las opciones modernas de apoyo a su "profesión" y operativa, nuestro sistema no debería optar por decisiones de fondo y también de avanzada. ¿Tenemos una respuesta clara sobre por qué en Uruguay el sistema 9.1.1., creado a instancias del diputado Diego Martínez hace ya quince años, no cuenta hoy con la opción para los ciudadanos de enviar sms de socorro? ¿Hemos evaluado la opción de contar con billetes "espías", billetes que pueden chipearse y ser seguidos por investigadores en los circuitos donde circula a impulso de las transacciones de la delincuencia?

Los transportistas como objetivo de la delincuencia

En los últimos tiempos el sector del transporte público, tanto en ómnibus como más notoria en taxis, ha sido duramente golpeado por el accionar de delincuentes, que dejaron como saldo muertos y heridos entre los obreros de este sector vital para la población.

Consultadas fuentes a las que hemos accedido de las distintas agremiaciones de ómnibus y taxistas, estos nos comentaron que las empresas del transporte urbano de pasajeros sufren entre 8 y 15 episodios de acciones delictivas en sus unidades. Más compleja aún es en este sentido la situación de los taxistas, que prácticamente sufren rapiñas de forma diaria, muchas de ellas incluso, no llegan siquiera a denunciar porque no derivan muertes ni lesiones de los trabajadores involucrados.

Así estamos hoy los uruguayos, contentos si nos roban pero no nos dañan. ¿Queremos mantener ese tipo de vida? Muy triste realidad sin duda, hasta llegamos a soportar las acciones delictivas, resignarnos a padecerlas si no salimos baleados o apuñalados. Más allá de hechos que todos conocemos, se hace necesario y urgente ese plan estratégico del que hicimos mención someramente. Consideramos que, para llevarlo a cabo, se necesita no solo decisión sino coraje político para asumir los costos que conlleva la aplicación de medidas quizás impopulares para ciertos sectores que viven al margen de la ley, pero que serán aplaudidas sin duda por parte de la sociedad uruguaya en su conjunto.

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